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jueves, 15 de mayo de 2014

USTEA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA DE CÁDIZ POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A HUELGA EN LA CAMPAÑA CONTRA LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DEL CURSO PASADO



Después de los paros parciales y el éxito en la provincia de Cádiz de éstos, contra las Pruebas Diagnóstico y las Pruebas Escala el curso pasado, 2012/2013. Este curso actual,  la Consejería ha eliminado las Pruebas de Evaluación Diagnóstica en Secundaria y Primaria. Este ha sido nuestro éxito, el éxito de todas/os los que tienen claro que estas pruebas externas son un despilfarro de dinero público, un criterio para establecer rankings de centros de una manera artificial y externa al currículo de la escuela. 

LA CEJA ha dejado para este año las Pruebas Escala en Educación Primaria, para seguir manteniendo un ente creado para dar cabida a sus políticos y dar trabajo a sus compañeros/as , la AGAEVE, agencia creada por el gobierno andaluz  , y que su principal fin son las Pruebas Externas de Diagnóstico y Escala , con un presupuesto que ronda los 2.638.269 €. 

El curso pasado USTEA apoyó y legalizó los paros parciales convocados por la Marea Verde, para boicotear las Pruebas de Diagnóstico en Educación Secundaria y las Pruebas Escala en Educación Primaria.
Durante estos paros parciales del curso anterior,  la Administración a través de su cuerpo de inspectores/as actuó de forma irregular, reuniendo a los jefes de estudio de los centros de la provincia en la que se dieron consignas verbales sobre la realización de las Pruebas, lanzando cuatro consignas básicas: "las pruebas se hace sí o sí" , " a los huelguistas se les debes sustituir, garantizando la realización de las pruebas", " los huelguistas debe avisar con antelación de su intención de secundar la huelga", " las familias no tienen derecho a eximir a sus hijos/as de la realización de dichas pruebas".
Esto es un intento claro de boicotear y coaccionar anulando el legítimo derecho a la huelga.

En algunos centros, pese a que informamos, de la ilegalidad producida por la Administración al dar estas instrucciones verbales,  se sustituyó al profesorado en huelga y se aplicaron las pruebas, además de nombrar los sustitutos de los aplicadores/as de las pruebas, sin el procedimiento marcado por las instrucciones de la Consejería. En algunos otros centros educativos, incluso se amenazó a los huelguistas de abrirles expediente si secundaba los paros parciales, por parte de los Equipo Directivos.
Tenemos que decir que algunos Equipos Directivos fueron capaces de enfrentarse a la Administración, representada en la Inspección Educativa, y se negaron a seguir las directrices dadas.
USTEA quiere dejar claro que los Equipos Directivos han sido víctimas de la presión ejercida por la Administración, representada en su cuerpo de inspectores, que además , sabiendo que sus premisas no eran legales, jamás notificaron a estos equipos , nada por escrito, solo daron consignan verbales. Dejando abandonados a éstos a su suerte, sin criterios claros ni precisos.

LAdministración Pública educativa fue advertida de estas irregularidades y se le solicitó que tomara carta en este asuntosin recibir respuesta alguna a nuestra advertencia sobre el boicot al derecho de huelga.

Un/a trabajador/a en huelga ejerce un DERECHO FUNDAMENTAL reconocido por la Constitución Española (art. 28.2) de una entidad similar en su reconocimiento a otros derechos como el derecho a la vida, la igualdad o la libertad entre otros.
Además del reconocimiento constitucional del derecho fundamental a la Huelga y el RD 17/1977 que lo regula, numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo confirman la entidad de este derecho y la absoluta ilegalidad de entorpecerlo.

El ejercicio del derecho de Huelga goza de protección en las infracciones laborales (Art.8.10 de la LISOS, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social) y en el ámbito penal (Art. 315 del Código Penal). Por ello, cualquier actuación que suponga limitar o impedir sus efectos, incurre en una absoluta ilegalidad, pudiendo acudir a la Inspección de Trabajo o a la vía jurisdiccional correspondiente para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar de carácter disciplinario, civil o penal.

Sobre la sustitución del personal en huelga, existen dos sentencias clarificadoras del Tribunal Constitucional: la STC 123/1992 y la STC 033/2011.

Se entiende que pudiera haberse incurrido en una conducta tipificada por el artículo 315 del Código Penal, por un doble motivo: 
  • En primer lugar porque se utiliza un cierto engaño o abuso por parte de la Administración educativa al encomendar tareas al personal que no ha secundado los paros.
  • En segundo lugar porque se limita el alcance colectivo del derecho fundamental de huelga al limitarse los derechos de los empleados públicos de educación de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de decisiones manifiestamente injustas y con ánimo doloso. Se trata, en la práctica de una limitación o prohibición a la huelga que constituye una seria barrera al ejercicio del derecho de huelga para parte de la plantilla, pues se obstaculiza que la plantilla pueda decidir secundar o no la huelga en un ambiente de libertad. Antes al contrario se fuerza en la práctica a adoptar una decisión en un marco erróneo y donde se viene a restringir una conducta de apoyo a la huelga, cual pudiera interpretarse que es la ausencia en el puesto de trabajo de quien tenga días de libre disposición o de asuntos particulares.

USTEA ante el comienzo de la huelga de la semana que viene, en los días 20 y 21 de mayo, días de aplicación de las Pruebas Escala,  presentará, hoy día 15 de mayo, en la Fiscalía de Cádiz un documento de denuncia,para que se considere , abrir las correspondientes diligencias de investigación a fin de esclarecer los hechos denunciados que muestran 
 vulneración del derecho a huelga. 

Ante el comienzo del segundo boicot contra las Pruebas Escala de evaluación externa que la Consejería de Educación utiliza con una ideología mercantilizada, como forma de seguir manteniendo la AGAEVE ( Agencia de Evaluación Educativa) , un ente que cuesta a la Administración un dinero que puede utilizarse para readmitir a los 4502 docentes despedidos, para las infraestructuras de los centros , para seguir manteniendo los centros públicos y las líneas de los centros que están siendo suprimidos, en detrimento de la Enseñanza Pública.

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