Las organizaciones APIA, CGT, IDA y Marea Verde-Andalucía hacemos un
llamamiento al profesorado andaluz para que se movilice en defensa de
sus condiciones laborales y para recuperar los derechos básicos que
le han sido usurpados en los últimos años.
Este llamamiento parte de la constatación de que la Consejería de
Educación ha convertido la negociación colectiva en una pantomima
y, no satisfecha con haber aplicado gravísimos recortes a las
condiciones laborales del profesorado y a los recursos de los
centros, con estar implantando la LOMCE en Andalucía con un celo
digno de mejor causa, con utilizar el Cuerpo de Inspección como
instrumento coercitivo y no orientador y de apoyo o, pese a ello, con
afirmar, en un increíble alarde de cinismo, que en Andalucía no se
ha recortado en educación, manifiesta a través de su titular, el
señor Alonso, un inadmisible desprecio hacia el profesorado y hacia
las organizaciones sindicales del sector educativo.
Desde que estalló la crisis económica, la educación pública
andaluza se ha visto sometida a gravísimos recortes que han
provocado una inasumible reducción de las plantillas; la degradación
de las condiciones laborales y el recorte de los salarios, tanto del
profesorado como del personal de administración y servicios; que no
se cubran numerosas bajas, permisos y licencias; la privatización
de servicios y el recorte de las partidas presupuestarias de los
centros o el cuestionamiento sistemático y arbitrario de la labor
del profesorado en la aulas por parte de la Inspección Educativa,
entre otras medidas que deterioran día a día la calidad de nuestro
sistema público de educación.
Por ello, creemos que es imprescindible y urgente la adopción de
una serie de medidas reclamadas por la totalidad del profesorado y
que son competencia exclusiva del Gobierno andaluz, por lo que
reclamamos a las formaciones políticas que se presentan a las
elecciones al Parlamento andaluz que las asuman y se comprometan
públicamente a aplicarlas. Dichas medidas son las siguientes:
- La devolución de oficio de los 44 días de la paga extraordinaria que nos fue robada en diciembre de 2012.
- La asunción del aumento de las dos horas lectivas para actividades relacionadas con la atención individualizada y las guardias.
- El descenso de la ratio y la recuperación de las 4.502 plazas docentes eliminadas en 2012.
- La estabilidad del profesorado interino andaluz y el reconocimiento de las mismas condiciones laborales que las existentes para el resto de docentes andaluces.
- La cobertura de todas las bajas, permisos y licencias, poniéndose fin a los cupos impuestos a los centros.
- La recuperación de las partidas presupuestarias de los centros que han sido recortadas en los últimos años.
Estas son reivindicaciones mínimas y se han omitido otras que
ayudarían a incrementar la calidad de la educación pública
andaluza, tales como la derogación de la LOMCE y de todas las
disposiciones del Gobierno central que han redundado en la progresiva
degradación de este servicio público básico, porque quedan fuera
de las competencias de la Junta de Andalucía, pero la asunción de
las medidas propuestas es lo que debería marcar la auténtica
diferencia entre el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico en su
supuesta defensa de la educación pública, y no las meras
declaraciones voluntaristas realizadas hasta ahora.
¡AHORA ES EL MOMENTO! ¡LA
EDUCACIÓN PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
LA LUCHA ES EL ÚNICO
CAMINO, Y SI NO NOS MOVEMOS, NI SIQUIERA OIREMOS EL RUIDO DE LAS
CADENAS QUE NOS APRISIONAN.
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