Concentración de colegios públicos de Sevilla ante el Parlamento contra el cierre de 45 clases y el recorte de 1.100 plazas por la Junta
Familias, AMPAS, profesores, sindicatos, estudiantes y demás colectivos de la comunidad educativa de Sevilla se unirán este jueves 29 de abril, a las 17.30h en una gran concentración provincial ante el Parlamento andaluz contra el recorte de plazas y el cierre de clases en los colegios e institutos públicos por parte de la Junta de Andalucía.
Después de que la Delegación Provincial de Educación recortara, justo en vísperas de marzo, mes de solicitud de plazas, la oferta educativa pública de la provincia en un total de 45 aulas y 1.100 plazas diciendo que era solo su “planificación por descenso de natalidad”, pero que la medida tendría vuelta atrás si los datos lo avalaban, la comunidad de la enseñanza pública sevillana exige el cumplimiento de la palabra dada, ahora que las cifras prueban que se está impidiendo la libre elección de los colegios públicos que las familias desean para sus hijos e hijas.
Familias, docentes, alumnado y colectivos de la enseñanza pública hemos pedido a la Junta de Andalucía que reconsiderara el lesivo recorte de aulas y plazas en colegios públicos en concentraciones ante el palacio de San Telmo y la Delegación provincial de Educación, los días 6 y 23 de marzo, en la manifestación a la Consejería el 10 de abril con cientos de asistentes, en la entrega de más de 6.000 firmas contra el cierre de clases recogidas en mesas de colegios de Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera y en barrios de la capital como Triana, Nervión, San Jerónimo, Pino Montano, San Pablo, Tablada o la Macarena, a los que se unen, como afectados colegios públicos de Coria del Río, Sanlúcar la Mayor, Camas, Dos Hermanas, Écija, Alcalá de Guadaíra, Lora del Río, Herrera, Carmona, Umbrete, Mairena del Alcor y Marchena.
La comunidad educativa de la escuela pública, siempre conciliadora y propositiva, no ha negado el descenso de la natalidad, sino propuesto que la coyuntura sea aprovechada para atender la histórica reivindicación de bajar la ratio para aumentar la calidad educativa y, además, en plena pandemia covid, la seguridad sanitaria. Pero, frente a sus propuestas, ha topado con el menosprecio y, peor aún, descalificaciones y ataques de sus propios representantes públicos. La delegada provincial de educación, María José Eslava ha afirmado en prensa que «las protestas solo tienen motivo político» y el consejero Javier Imbroda ha llamado a «dejar de hacer ruido» y dicho: «no veo movilizaciones contra el fracaso educativo». La Junta de Andalucía, además, falta a la verdad en su campaña mediática donde insiste en que sobran 900 plazas escolares. Pues lo que se está reclamando es que el descenso demográfico se reparta de forma equitativa en toda la red de enseñanza y no se haga solo a las escuelas públicas impidiendo así a las familias que lo deseen elegir los colegios públicos, inclusivos y laicos, sin adoctrinamiento religioso, para sus hijas e hijos. Porque todas las familias deben tener los mismos derechos a la hora de elegir.
Injustificable agravio con la concertada
La actuación de la Junta de Andalucía contraviene la LOMLOE –llamada Ley Celaá– que conmina a que cuando, por las razones que sea, haya que cerrar clases se salvaguarde la red pública. Y los datos de Sevilla, además, desvelan una situación de patente desigualdad. Lo desvelan siempre que se los observe con ojo atento.
Con la publicación ayer de la resolución provisional de conciertos educativos, se confirma el plan avanzado por la Junta en su planificación de marzo. Así, mientras en el curso 2021-22 habrá, como mínimo, 45 clases menos de Educación Infantil en los colegios públicos sevillanos, la oferta de los centros concertados solo se resiente en dos unidades, a pesar del apreciable descenso de demanda de los mismos.
De los 200 centros educativos de la ciudad de Sevilla, 143 son públicos y 57 concertados así que serían el 71,5% y el 28% del total. No obstante, si atendemos a las plazas que tienen la proporción cambia pues los públicos tienen 3.388 y los concertados 2.475 (57,78% y 42,22%). Más aún, si consideramos la media de plazas ofrecidas por cada los dos tipos de centros, los públicos ofrecen el 23,69% de plazas y concertados el 43,41%.
El análisis por barrios dibuja un panorama elocuente. Zonas como Nervión tienen 340 plazas públicas y 575 concertadas (38% públicas y 62% concertadas), Triana-Los Remedios hay 275 públicas y 400 concertadas (36% públicas y 64% concertadas) y Casco Antiguo, del total de 625 plazas disponibles solo 175 son públicas (28% públicas y 72% concertadas). A pesar ello la bajada demográfica se afronta con cierre de
clases públicas y no a los concertadas, incluso cuando las públicas sean más demandadas que otros concertados del barrio. Este es el caso del colegio público Joaquín Turina respecto al concertado Sagrado Corazón de Jesús en Nervión o del público Vara del Rey, de Los Remedios, más demandado en proporción a las vacantes ofrecidas que los concertados Santa Ana, Cristo Rey o Ntra. Sra. Del Rosario. En los colegios públicos del Casco Antiguo la demanda sobre su oferta es de más del 100%, o sea, que se quedan sin el colegio elegido en primera opción el doble de ese 6% en que insiste como un mantra el consejero. La proporción sin lograr la plaza elegida sube a casi el 25%, por ejemplo, en el colegio de Nervión Turina.
Mientras, la proporción público-privado se invierte, en barrios de menor renta:
- Zona 3 Puerta Osario- Sta. Justa-Pino Montano-San Diego-Las Naciones:
80% públicos y 20% concertados
- Zona 5 Sevilla este-Parque Alcosa:
76,5% públicos y 23,5% concertados
- Zona 6 Torreblanca: 71,4% público y 28,6% concertados
También en estas zonas donde las empresas de enseñanza concertada no manifiestan interés en cubrir el fundamental servicio educativo, la Administración pública de la Junta cierra para el próximo curso aulas y plazas ignorando dos asuntos clave:
- Que quitar aulas de Infantil 3 años por las solicitudes recibidas en el curso 21-22 no es realista pues, dada la coyuntura de ERTES y paro y la amenaza del covid, muchas familias pueden no estar escolarizando a sus menores en una etapa educativa, Infantil, que no es obligatoria. Pero luego en Primaria estos menores no escolarizados aflorarán y no habrá clases para ellos.
- Que al estar quitando también clases de primaria, el consejero Imbroda está contribuyendo al fracaso escolar que él injustamente dice que los defensores de la educación pública no combaten. Porque en aquellos colegios donde se elimina una línea, el alumnado, esté o no preparado para
pasar de curso, se ve obligado a promocionar pues no cabe en el aula a la que llegan 25 alumnos del curso anterior, que está ya en ratio máxima.
Todo lo cual desmiente las recientes declaraciones de la delegada Provincial de Educación (24/4/2021) diciendo: «Centrar el debate de la educación en la bajada de la ratio es absurdo». Son sus palabras las que, peor que absurdas, resultan temerarias y dañinas para la infancia y juventud andaluzas.
Por estas razones, en la concentración ante el Parlamento y en las reuniones pedidas a los grupos parlamentarios se solicitará que atiendan y defiendan los intereses de la Escuela Pública que es la de todas y todos. Y se exigirá al gobierno de la Junta y su Consejería de Educación:
- La retirada inmediata del plan de recorte de plazas y eliminación de clases en los colegios e institutos de los barrios y pueblos de Sevilla y de toda Andalucía. ¡Ni una clase menos en la Pública!
- La recuperación de las plazas y clases eliminadas en los últimos años y el aumento delos recursos en Educación Pública.
- La bajada de ratio en todos los niveles educativos, para que todas las niñas y niños, la juventud andaluza pueda recibir una educación de calidad, en la que de verdad se atienda a las necesidades de cada una de ellas, especialmente de quienes tienen más dificultades. Una bajada de ratio que permita que las aulas sean espacios sanos y seguros para estudiantes y docentes. ¡Bajada de ratio, ya!
- El mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo actuales y el aumento de las plantillas en la Pública, para garantizar el derecho a una Educación de calidad para todas y todos.
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