COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE APOYO A LA CORRALA UTOPÍA ANTE LA ORDEN DE DESALOJO

Los colectivos y movimientos sociales que apoyan a la Corrala Utopía queremos manifestar nuestro más profundo malestar por el desalojo forzoso del edificio decretado por el Juzgado de Instrucción Nº  3 de
Sevilla.

Nos parece una decisión tan desafortunada como perverso es el ánimo de IberCaja por desahuciar a un grupo de familias sevillanas que han protagonizado una lucha ejemplar. No podemos tolerar que millones de
viviendas, en su mayor parte propiedad de la Banca culpable de la crisis avalada por un sistema que ha respaldado el lucro y la especulación de los poderosos a costa de los ciudadanos, sigan vacías mientras miles y miles de familias pierden su hogar cada mes.

Un posible desalojo de la Corrala Utopía constituiría, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un acto ilegal. Antes de desahuciar y dejar en la calle a una familia debe haber, tal y como establece el Tribunal, una alternativa por parte de las administraciones públicas, responsables en última instancia de que un Derecho Humano tan esencial, como es el de la vivienda, se cumpla.

Por ello, llegado este momento en que IberCaja manifiesta claramente que prefiere que los vecinos vivan en la calle, aunque el edificio se quede vacío, antes que aceptar ningún tipo de uso del mismo a través de un alquiler social, instamos a las administraciones públicas, a las instituciones, y concretamente al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía, a que garanticen una solución colectiva para las familias de la Corrala Utopía.

 Durante todo este proceso de lucha que dura ya casi 2 años estas familias han construido un auténtico ejemplo de organización colectiva.Por eso entendemos que todas las personas que habitan el inmueble deben tener una solución y que esta ha de ser colectiva.

Todas las familias que han conformado la Corrala Utopía estaban vinculadas al barrio de la Macarena, en la ciudad de Sevilla. Durante estos dos últimos años han reforzado su pertenencia a este barrio de la ciudad. Sus hijos e hijas están además escolarizados en los centros educativos de la zona. Por eso entendemos que cualquier solución debiera respetar ese Derecho al Arraigo que debe garantizar que las familias no vean rotos sus vínculos sociales y emocionales.

Las administraciones son responsables directas de velar y  garantizar los derechos de los ciudadanos. Exigimos que la solución que se debe dar a las familias se ponga en conocimiento de las mismas antes del
próximo sábado 15 de febrero, fecha en la que expira el plazo dado por el Juzgado.

Las administraciones no pueden permitir que los niños, los ancianos, los enfermos y todos los miembros de estas familias  pasen  por la violencia de un desalojo forzoso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y sufran el calvario de verse  arrastrados y tirados a la calle.  Son las administraciones, llegado este momento, los responsables de que esto no suceda. Están obligados a encontrar una solución y son responsables de ofrecerla antes del día 15.

Las familias no quieren y no pueden vivir en la terrible incertidumbre de no saber qué va a suceder con ellas.

PORQUE LA CORRALA SOMOS TODAS

¡NI GENTE SIN CASA, NI CASAS SIN GENTE!